Publicado el 1 de ago, 2021

Irregularidades en licitaciones de tablets para educación remota deja complejo escenario en La Cisterna

A las 15.30 del 27 de Julio de 2021, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos Espinoza, dio inicio al Concejo Municipal de La Cisterna en una sesión extraordinaria. Con asistencia completa de los concejales, se discutieron dos puntos centrales:

Pronunciamiento del Concejo Municipal para dejar sin efecto el acuerdo 822021 de equipamiento tecnológico para colegios de nuestra comuna. Licitación de 981 Tablet Samsung con Internet por cinco meses por más de 280 millones de pesos.  

Luego de un proceso que incluyó a la empresa Claro y a Universal Security Safety, la licitación fue adjudicada a Universal.

Luego de esto, la empresa “Claro” interpuso un reclamo de “adjudicación de licitación pública” contra el ex alcalde Santiago Rebolledo, denunciando irregularidades en la adjudicación del concurso. Esto porque según la empresa, se habría elegido de forma arbitraria a Universal saltándose las bases, pese a que Claro en primera instancia aseguró no contar con un Software educativo en su propuesta, por lo cual habrían sido descartados. Por su parte la empresa Universal también interpuso un reclamo formal acusando irregularidades en la adjudicación del proyecto de parte del municipio. 

Joel Olmos planteó la propuesta de retrotraer contratos y realizar el concurso nuevamente. Los concejales plantearon su preocupación respecto a los errores administrativos que rodean a la licitación, ante lo que el alcalde se comprometió a realizar un sumario interno contra aquellos que resulten responsables.

Finalmente se aprobó la propuesta del alcalde de dejar sin efecto la licitación y comenzar una nueva, con acuerdo casi completo del Concejo excepto por una abstención.

El segundo punto fue sobre el pronunciamiento del Concejo Municipal por el pago de dos facturas a Arrayán Factoring S.A. y de una factura a Factoring Nuevo Capital S.A. La primera por la producción del evento que trajo al grupo Cachureos, la segunda por la producción de los eventos de navidad realizados en distintas juntas de vecinos, y la tercera por la compra de 1653 cajas de alimentos para beneficios sociales.

Hasta el momento la Municipalidad no ha cancelado estos servicios debido a irregularidades en la contratación, ya que las empresas ofrecieron un servicio que no figuraba en su rol tributario, por lo que los servicios que figuran son diferentes a los pactados y entregados.

La Directora Jurídica, Tania Quezada, explicó que las boletas están factorizadas y con la deuda se inició un proceso legal que ya emitió una orden de embargo por 49 millones de pesos, el segundo por 21 millones de pesos. La Directora Jurídica propuso al Concejo pagar la deuda antes de que continúe el proceso judicial, para evitar intereses y reajustes, propuesta que presentó el alcalde al concejo y que fue aprobada con la abstención de las concejalas Carola Espíndola (FA) y Marjorie Vásquez (RN) y el rechazo de la concejala Ximena Tobar (PS).